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lunes, 16 de febrero de 2015

¿LA CRISIS DE CREDIBILIDAD DEL GOBIERNO DE EPN, ALENTADA DESDE DENTRO?

La crisis de credibilidad del Gobierno federal fue alentada desde adentro, dicen analistas

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El gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto atraviesa por la peor crisis de credibilidad que ha tenido una administración federal, a 26 meses de asumir el cargo. Foto: Cuartoscuro.
Ciudad de México, 15 de febrero (SinEmbargo).– La administración de Enrique Peña Nieto se encuentra en una profunda crisis de credibilidad. En eso coinciden tanto analistas mexicanos como extranjeros. La crisis estalló luego del asesinato de tres estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa y la desaparición de otros 43 alumnos, el 26 de septiembre pasado. Antes, el 30 de junio, la ejecución de 22 personas en Tlatlaya –donde participaron militares– allanó el terreno para que la desconfianza en las instituciones del gobierno federal de consolidara.
Las dudas sobre las investigaciones que la Procuraduría General de la República (PGR) realizó en el caso Ayotzinapa y sobre las conclusiones de las mismas, que llamó “verdad histórica”, no sólo han sido cuestionadas por los padres de los 43 desaparecidos sino también investigadores de la UNAM y el propio Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), contratado por el propio gobierno para esclarecer el caso.
Luego, los escándalos en torno al presunto conflicto de interés del Primer Mandatario, su esposa Angélica Rivera Hurtado y Luis Videgaray Caso, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), por la adquisición y financiamiento de mansiones a empresarios favorecidos por su gobierno en el Estado de México y también ahora como Presidente de la República, levantaron aún más la desconfianza de los mexicanos y la comunidad internacional en el actual gobierno.
A su vez, las pifias de miembros del Gabinete en temas prioritarios para el país, han abonado a esa desconfianza. Por ejemplo, en 26 meses del sexenio, el equipo que comanda Luis Videgaray en la SHCP no ha podido sostener sus proyecciones de crecimiento, lo que ha causado confusión y también rechazo por parte de empresarios, analistas financieros e inversionistas.
La economía, además, no marcha. México tiene en lo que va de este sexenio los niveles más bajos de crecimiento económico en dos décadas, lo que ha derrumbado el empleo y ha provocado un mayor crecimiento de la pobreza.
Con los precios del petróleo a la baja, la SHCP se vio obligada a recortar el presupuesto de 2015, lo que implicó también cancelar y suspender dos proyectos que, al iniciar la administración peñista, tenían etiqueta de prioritarios: el Tren Transpeninsular que uniría a Yucatán con Quintana Roo, y el Tren rápido México- Querétaro, respectivamente.
El recorte también impactó a las dos únicas empresas productivas que le quedan al gobierno federal: Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE). En este contexto de debilidad económica en las finanzas públicas, de acusaciones por corrupción, de indignación social frente a los casos Ayotzinapa y Tlatlaya, y de crisis por la violación constante de los derechos humanos en México –que el viernes pasado la ONU calificó como “fracaso” de la actual administración, a la que etiquetó como “ineficiente”– el Presidente Peña Nieto tendrá que remar contra la percepción de que su gobierno no tiene bien sujetas las riendas del país.
En cada caso, como se muestra a continuación, hay una serie de errores que han motivado que esa percepción de la opinión pública aumente. A cada acción corresponde una reacción, dice la Tercera Ley de Isaac Newton. Y eso es justo lo que le ha pasado al gobierno al explicar soluciones que, luego, se le convierten en más problemas.
El siguiente análisis consolida algunas de las respuestas del Gobierno federal que, a juicio de distintos especialistas consultados, han ahondado la crisis de confianza.
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El 30 de junio, en un comunicado de prensa, la 22/a zona militar informó que mientras militares realizaban labores de patrullaje en las inmediaciones del poblado Cuadrilla Nueva encontraron una bodega que se encontraba custodiada por personas armadas, quienes les dispararon a los agentes.
“Con motivo de estos hechos resultaron 22 presuntos agresores muertos, 21 hombres y una mujer”, informó la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y detalló que durante la operación fueron rescatadas tres mujeres secuestradas.
La versión oficial de la Sedena fue refrendada por el Gobernador del Estado de México Eruviel Ávila Villegas: “El Ejército mexicano, allá en Tlatlaya, tuvo una valiente presencia y acción al poder rescatar a tres personas que estaban secuestradas; lamentablemente un militar resultó herido, pero el Ejército, en su legítima defensa, actúo y abatió a los delincuentes. Desde luego que cuando se pierde una vida, quién sea, es de lamentar, pero finalmente podemos ver que el Ejército Mexicano actúa con firmeza, con acciones concretas y el Gobierno del Estado de México le reconoce su participación y le agradece la acción decidida, contundente”.
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Once días después del supuesto enfrentamiento en Tlatlaya, la agencia estadounidenseAssociated Press difundió un reportaje donde informó que existían elementos de que el Ejército mexicano en realidad habría colocado un paredón improvisado dentro de la bodega y ahí fusiló a los 22.
Sin embargo, días después, el titular de la Procuraduría General del Estado de México (PGJE) Alejandro Gómez Sánchez rechazó que se hubiera tratado de un fusilamiento: “No existieron disparos a corta distancia; el intercambio de disparos fue proporcional; de acuerdo a la trayectoria de los proyectiles y la posición en que fueron hallados los cuerpos, [no existe] indicio alguno sobre una posible ejecución”.
Sin embargo, el 17 de septiembre pasado, aparecieron nuevos testimonios que refutaban la versión oficial. La revista Esquire difundió las declaraciones de un testigo presencial del suceso, quien afirmó que fueron los soldados quienes dispararon primero y que los presuntos delincuentes respondieron, que sólo uno de los jóvenes murió en el enfrentamiento y que los demás se rindieron. En las horas siguientes, detalló, los soldados interrogaron a los 21 supervivientes y luego los mataron.
Luego, la agencia AP reveló el testimonio de una mujer quien contó cómo asesinaron a su hija Erika Gómez González, de 15 años. “Estaba en el suelo con una herida en la rodilla. Los soldados le dieron la vuelta al cuerpo aún con vida y le dispararon más de media docena de veces en el pecho”.
Tras las diversas versiones que cuestionaron la oficial, el director de la división para las Américas de la organización Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, afirmó que el asesinato en Tlatlaya, se trataba de la peor masacre de civiles del sexenio del Presidente Enrique Peña Nieto.
El 13 de enero, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) reclasificó el caso Tlatlaya como una “Investigación de Violaciones Graves”.
En un primer momento, Eruviel Ávila declaró “reservada” la investigación de los hechos, luego se dio a conocer que la Sedena aprobó una resolución –la CI/RIR/1183/14– en la que responde a un ciudadano que también quedaría oculta la investigación y, además, la PGR también catalogó como reservada la información contenida en los 11 dictámenes de la investigación.
Pero en enero pasado, el Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) obligó a la PGR a entregar los peritajes de la investigación, por tratarse de violaciones a los derechos humanos. En tanto, el 2 de noviembre del año pasado, el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales en el Estado de México consignó a siete elementos del Ejército Mexicano por su presunta implicación en el caso Tlatlaya.
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La noche del 26 de septiembre de 2014, tres autobuses donde viajaban estudiantes normalistas fueron detenidos al ingresar a la ciudad de Iguala, Guerrero. Esa noche, los jóvenes fueron atacados en varias ocasiones por integrantes del crimen organizado y por policías municipales.
La mañana del 27 de septiembre, los diarios locales reportaron la noche violenta en ese municipio guerrerense: “Matan policías municipales y un comando a tres normalistas y a tres futbolistas en Iguala”, informó el diario El Sur de Acapulco. En tanto Novedadesplanteó: “Balaceras en Iguala dejan dos muertos y varios lesionados”. Ese mismo día la noticia recorrió todo el país.
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Tres días después del ataque en Iguala, el lunes 29 de septiembre, miles de personas marcharon en Chilpancingo, Guerrero, para exigir la presentación con vida de los jóvenes, y juicio político al entonces Gobernador, Ángel Aguirre Rivero, y al Alcalde de Iguala José Luis Abarca Velázquez.
El 4 de octubre seis fosas clandestinas fueron halladas en Iguala, de donde fueron recuperados 28 cuerpos. Diez días después de la desaparición de los 43, la PGR atrajo el caso, pero en ese momento la dependencia anunció que sólo coadyuvaría en la investigación.
El 5 de octubre, 12 días después de la desaparición de los jóvenes, el Presidente Enrique Peña Nieto habló por primera vez del caso y se dijo “profundamente indignado y consternado ante la información que ha venido dándose a lo largo del [ese] fin de semana”. Mientras, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió al gobierno de México medidas cautelares para los normalistas. El mismo día, Jesús Murillo Karam, Procurador General de la República, anunció que la dependencia federal encabezaría la investigación.
El 8 de octubre, miles de personas en todo el país y diferentes ciudades alrededor del mundo salieron a las calles en la primera Acción Global por Ayotzinapa. La consigna fue clara: “Vivos se los llevaron, vivos los queremos”.
El 13 de octubre, las protestas en Guerrero subieron de tono. Estudiantes normalistas y familiares de los desaparecidos prendieron fuego a oficinas del Palacio de Gobierno de Guerrero.
El 7 de noviembre, Murillo Karam ofreció una conferencia de prensa donde informó que, según declaraciones de detenidos por el caso, los 43 normalistas habían sido ejecutados y calcinados. Casi de inmediato miles de ciudadanos indignados e incrédulos de la versión oficial salieron de manera espontánea a protestar a las calles por tres días seguidos: lo mismo en Chilpancingo, en Iguala, en la Ciudad de México y en distintas urbes del país y del mundo.
Al finalizar la conferencia, mientras el Procurador General respondía preguntas de la prensa, pronunció la frase: “Ya me cansé”, misma que de inmediato se viralizó entre los usuarios de las redes sociales. La etiqueta #YaMeCansé se mantuvo en los primeros lugares de las tendencias en México y el mundo durante varias semanas, hasta que fue borrada por bots; sin embargo la etiqueta ha sido actualizada día a día por los usuarios y hasta el viernes pasado llegaba ya a la versión #YaMeCansé36.
Peña Nieto viajó a Guerrero, por primera vez desde la desaparición de los estudiantes, el 4 de diciembre; sin embargo, lo hizo a Acapulco, pues hasta ahora el Presidente no ha visitado Iguala. En el puerto presentó el plan “Nuevo Guerrero” y dijo: “Quiero convocarles para que con su capacidad, con su compromiso con su estado, con su comunidad, con sus propias familias, hagamos realmente un esfuerzo colectivo para que vayamos hacia adelante y podamos realmente superar este momento de dolor”.
Las declaraciones del mandatario ocasionaron diversas reacciones polémicas, en Twitter: cineastas, artistas y activistas expresaron su rechazo. Con las etiquetas #YoNoLoSupero y #AyotzinapaNoSeOlvida, cientos de usuarios lanzaron críticas contra el mandatario.
El 28 de enero, Murillo Karam ofreció una conferencia de prensa donde dijo que “la verdad histórica” sobre el caso Ayotzinapa arrojaba que los estudiantes fueron asesinados y sus restos incinerados y arrojados a un río.
La versión fue refutada de inmediato por los padres de los 43, quienes acusaron a la dependencia de querer cerrar la investigación y rechazaron sus declaraciones. La “verdad histórica” no sobrevivió 24 horas: alas protestas se sumaron organizaciones como Human Rights Watch (HRW), Amnistía Internacional (AI) y la Oficina de Washington para Latinoamérica (WOLA, por sus siglas en inglés), e incluso la CNDH.
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A finales de 2013, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), encabezada por Luis Videgaray Caso, anunció un crecimiento económico para 2014 de 3.9 por ciento, que se generaría a partir de la aprobación de las reformas estructurales. Esto significaba un aumento de 1.8 por ciento a lo estimado para 2013.
“La aprobación de las reformas en materia financiera, energética y fiscal generaría un impulso adicional al crecimiento desde 2014, a través de una mayor expansión de la demanda interna”, aseguró la SHCP.
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Sin embargo, luego del primer trimestre del 2014, el 23 de mayo el subsecretario de la Secretaría de Hacienda Fernando Oportela Rodríguez ofreció una conferencia de prensa, en la que no participó Videgaray, y donde anunció un recorte a sus propias proyecciones: la economía mexicana no crecería 3.9 por ciento como habían previsto, sino 2.7 por ciento.
Lo anterior, dijo el funcionario, debido al clima “extremadamente malo” generado en el extranjero y al menor consumo registrado en México por la Reforma Fiscal (una de las que se tomó en cuenta para pronosticar al alza su primera proyección). Pero el funcionario alentó que existían elementos que ratificaban “el mayor dinamismo que se [esperaba] en la economía mexicana del segundo al cuarto trimestre de 2014″. Esta proyección fue ratificada en el mes de octubre por el mismo Luis Videgaray.
Pero contrario a los buenos deseos, luego de una fuerte e inesperada baja en los precios del petróleo, aunado a la creciente inseguridad en el país y a la volatilidad monetaria, el Banco de México se adelantó a la SHCP y anunció el 19 de noviembre un recorte a su proyección de crecimiento: la situó en un rango de entre 2.0 por ciento y 2.5 por ciento para 2014.
Dos días después, Fernando Aportela salió a anunciar otro recorte a las proyecciones de Hacienda, pero con un nuevo formato en el que ofreció un rango de estimación, que fue del 2.1 por ciento al 2.6 por ciento.
Aportela afirmó en esa ocasión que en la Secretaría “no [estaban] satisfechos con el crecimiento económico de México”. Sin embargo, insistió, que con la aplicación de las reformas se vería la evolución económica potencial y que en el país existía una “perspectiva positiva de la economía”.
Pero el panorama no mejoró al iniciar 2015, al contrario: al cumplirse los primeros 30 días de enero, Luis Videgaray se presentó ante los medios de comunicación en el Palacio Nacional, y anunció un recorte al gasto público, debido a los bajos precios del barril de petróleo. Se trató de una reducción de 124 mil 300 millones de pesos, el 0.7 por ciento PIB, el cual pegará a Pemex y a la CFE, además de que fue suspendido el Tren de Alta Velocidad México-Querétaro, y cancelado el Tren Transpeninsular Yucatán-QuintanaRoo.
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El 9 de noviembre, el sitio Aristegui Noticias reveló que Grupo Higa, propiedad del empresario Juan Armando Hinojosa Cantú –quien edificó obras millonarias para el Estado de México cuando Enrique Peña Nieto era su Gobernador– y el Presidente de México tenían también en común una casa en las Lomas de Chapultepec, en la Ciudad de México, valuada en 86 millones de pesos.
Unas horas después, la Presidencia de la República ofreció su versión sobre el inmueble a través del vocero Eduardo Sánchez, y explicó que la propiedad pertenecía a Angélica Rivera: “La señora Angélica Rivera Hurtado, quien contrajo matrimonio con el Lic. Enrique Peña Nieto el 27 de noviembre de 2010, bajo el régimen de separación de bienes, es económicamente solvente y contaba con recursos suficientes para adquirir estos inmuebles. La larga carrera profesional de la señora Rivera Hurtado le ha permitido consolidar su patrimonio personal”.
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Luego de que se revelara el escándalo de la “casa blanca”, y mientras Peña Nieto se encontraba de gira en China, el tema se volvió un escándalo internacional e incluso la prensa más influyente cuestionó la situación patrimonial de la familia Peña Rivera.
Cuando el Presidente regresó de su gira por Asia declaró: “Sin duda son aseveraciones imprecisas y carentes de sustento [...] lo dieron a conocer cuando no estábamos aquí”.
Casi una semana después de su declaraciones, su esposa Angélica Rivera Hurtado ofreció un mensaje de siete minutos en video, donde aseguró: “Ante acusaciones que han puesto en duda mi honorabilidad, quiero decirles que no tengo nada que esconder; que he trabajado toda mi vida y que gracias a eso soy una mejor independiente y he sido capaz de construir un patrimonio con honestidad y mi trabajo”, y anunció que vendería la “casa la blanca”.
Pero el mensaje de la Primera Dama, más que aclarar las dudas de los mexicanos se viralizó de inmediato en las redes sociale. Cientos de usuarios se mofaron no sólo del contenido del video, sino de la escenografía, el maquillaje y el tono de voz que Angélica Rivero usó para sonar “más convincente”. Ese día el hashtag #AngélicaRivera alcanzó el séptimo puesto mundial en la lista de Trending Topic de Twitter y encabezó la mexicana.
Mientras, la oposición en el Senado exigió que se investigara al Presidente y a su esposa. Peña Nieto anunció que rendiría su declaración patrimonial con el total de sus bienes y lo hizo pero, de nuevo, sólo parcialmente.
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El 11 de diciembre, cuando aún la “casa blanca” de Angélica Rivera era cuestionada por la opinión pública, The Wall Street Journal dio a conocer información que involucraba al Secretario de Hacienda Luis Videgaray con la compra de una casa “al grupo contratista del gobierno que está en el centro de las acusaciones turbulentas de tráfico de influencias con la administración del Presidente Enrique Peña Nieto”, detalló el diario neoyorquino.
Aunque a Videgaray no se le acusó de un acto ilegal, el diario explicó que la “operación se [sumaba] a la aparición de conflictos de intereses que han dañado la credibilidad y la popularidad de Peña Nieto, que llegó al poder prometiendo un cambio en las prácticas del Partido Revolucionario Institucional”.
Videgaray, en respuesta a los cuestionamientos de WSJ, dijo que compró la casa a Hinojosa Cantú en octubre de 2012, menos de dos meses antes de que la administración de Peña Nieto asumió el cargo el 1 de diciembre.
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Luego de que se revelara el reportaje, en entrevista con el programa Primero Noticias, Videgaray aseguró que su propiedad no significaba conflicto de interés y declaró: “Definitivamente no [vendería la casa], es propiedad mía, de mi familia”. En referencia a su separación de la Secretaría de Hacienda precisó: “Yo soy Secretario por decisión del Presidente y lo seguiré siendo mientras él así lo decida”.
El 7 de enero, Eduardo Sánchez Hernández, en entrevista con la agencia Reuters, negó que existiera un conflicto de interés en la compra de la casa de Angélica Rivera y en la de Luis Videgaray y descartó un “mea culpa” por parte del gobierno de Enrique Peña Nieto en los casos.
Días después diputados y senadores de oposición exigieron indagar que si Juan Armando Hinojosa Cantú, dueño de Grupo Higa, quien vendió la casa de Malinalco y la “casa blanca”, es en realidad un prestanombres del Presidente Enrique Peña Nieto.
Mientras, legisladores perredistas acusaron que el gobierno federal se puso nervioso tras los escándalos de corrupción y de compras inexplicables de mansiones a empresarios favoritos en la construcción de obra pública, por lo que intentaba revertir los logros ciudadanos en materia de transparencia.
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El 3 de febrero pasado, luego de los diversos escándalos de corrupción, el Presidente Peña Nieto anunció una serie de nuevas reglas de transparencia para combatir la corrupción que, reconoció, “es un problema grave para el país”. Además designó como titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), que estuvo ácefala durante 26 meses, a Virgilio Andrade Martínez.
“He solicitado a la Secretaría de la Función Pública que investigue y resuelva si hubo o no conflicto de interés en las obras públicas o contratos otorgados por dependencias federales a las empresas que celebraron compraventas de inmuebles con mi esposa, con el titular de Hacienda y con un servidor”, agregó el Jefe del Ejecutivo federal.
Sin embargo, pasaron pocas horas para que académicos, expertos en transparencia y legisladores plantearan que Andrade Martínez no podía continuar en el cargo debido a la amistad que lo une a Videgaray, así como por haber sido asesor en la campaña de Enrique Peña Nieto. Incluso criticaron que su elección no sólo no fue acertada, sino que incrementó las dudas.
“[El titular de la SFP pudo haber sido] De la sociedad civil, eso hubiera sido lo ideal, sobre todo si iba a ser una Secretaría que pensaban desaparecer, y que si ya habían tomado la decisión de volverla a instalar y nombrar un titular, entonces perdieron la oportunidad de nombrar a alguien de la sociedad civil en quien la sociedad, en general, tuviera confianza. Desperdiciaron esa oportunidad, entonces en mi opinión, se quedaron en el discurso político”, dijo Irving Rosales Arredondo, especialista en Instituciones y Conflicto Social de la Universidad Iberoamericana.
Además, a menos de 24 horas de asumir como titular en la SFP, Andrade aseguró que no podía investigar ni al Presidente ni a Luis Videgaray, por las casas que compraron a los grupos San Román e Higa, respectivamente.

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